Ventanilla Única de Autorizaciones Sectoriales

Renato Jijena

La modernización de la gestión pública se resume en los conceptos de “Estado en Red” o “Estado Plataforma”, y las compras públicas por Internet o los servicios de facturación del Portal Mipyme del SII son hitos o ejemplos robustos de sus beneficios.

Se acaba de proponer a trámite en el Congreso la creación de una nueva ventanilla única, que concentraría o busca centralizar la tramitación de permisos necesarios para el desarrollo de proyectos y actividades en áreas reguladas, y simplificar los procesos reduciendo sus tiempos de tramitación y entregando certezas a los inversionistas –públicos y privados-, tanto de sectores  de gran envergadura tales como los sanitarios, los mineros o los energéticos, como menores o relacionados con la simple habilitación de un almacén.

De aprobarse el proyecto de ley sobre Autorizaciones Sectoriales, que crea una plataforma para el nuevo “Sistema de Información Unificado de Permisos Sectoriales o SUPER”, podría ser de muy alto impacto en la disminución de los costos de transacción, porque vendría a gestionar y a simplificar la tramitación de autorizaciones y el otorgamiento de 380 permisos sectoriales, solicitados ante 37 servicios públicos y asociados a 16 ministerios. Al mismo tiempo, su gestión se amarra a la creación de un servicio público, aunque quizás la plataforma pudo haberse establecido como una nueva competencia de la Corfo.

Llama la atención la importancia dada expresamente a la “certeza jurídica”, al operarse con normas claras y precisas, con plazos de tramitación y la posibilidad de seguir la trazabilidad del permiso solicitado, desde su examen de admisibilidad hasta su otorgamiento. Pero también se alude al objetivo de racionalizar la regulación de la gestión online periódicamente, mediante reglamentos dictados y modificados por el nuevo órgano para la Regulación y Evaluación Sectorial, un servicio público funcionalmente descentralizado, de carácter técnico, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio que se relacionará con el Ejecutivo a través del Ministerio de Economía.

Dicho de otra forma -y es un modelo que existe sólo en materia tributaria y aduanera-, se propone una Gobernanza con muchas potestades normativas, incluso para determinar términos y condiciones de uso obligatorios para la plataforma de manera unilateral.

Lo adecuado es que la nueva función pública se construirá mediante una ley ad hoc, cumpliéndose con las exigencias de estabilidad que determina el bloque de legalidad y constitucionalidad en Chile, y no invocándose principios generales de colaboración ni vinculando a los servicios públicos relacionados con convenios firmados sin habilitación legal, una práctica contraria a derecho instalada en la administración pública.

Crear un órgano público que vele por el cumplimiento de las normas de tramitación y coordinar los procesos, y por la mejora del marco normativo para otorgarse permisos sectoriales, puede ser una modernización adecuada si además se le sujeta a responsabilidades concretas.

Renato Jijena

Magister Derecho Público PUCV y Magister Gobierno Electrónico UTEM